Diario de León
El Procurador del Común investiga una denuncia de los pueblos leoneses sobre actividades ilegales en el puerto babiano y el ejercicio de la autoridad de Mieres

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| Vista parcial de uno de los parajes del puerto de Pinos, a la sombra de Ubiña. |
Babia se agarra los pleitos y a los recursos jurídicos ante la pasividad de las administraciones leonesas por un nuevo arreón de Mieres en torno al uso y aprovechamiento del puerto de Pinos. El conflicto territorial que se aviva cada verano en el paraje babiano, reducto de un sistema de manejo ganadero del que dependen los últimos activos que le quedan al sector en la montaña occidental leonesa, al pie de Ubiña, de los valles de San Emiliano. Este año, con la entrada de las reses astures, procedentes del concejo de Mieres, propietario de la finca sobre la que pesan los derechos históricos de las juntas vecinales babianas, se han sucedido episodios de desórdenes públicos, en los que se declaran perjudicados los productores leoneses de ganado, que se encuentran a la llegada a la finca con el hostigamiento de guardas y vigilante jurados que ha dispuesto el ayuntamiento de Mieres en la zona. «Lo hemos denunciado y ha vuelto a suceder; sólo saltaba que un ayuntamiento ejerza funciones de policía fuera de su término municipal», alegan indignados desde Babia, donde cuatro juntas vecinales (Villagursán, Candemuela, Pinos y San Emiliano) disfrutan con amplitud secular de los recursos del puerto.
Esta es una historia repetida; si acaso, esta vez, peliaguda para los intereses leoneses en la finca tras las modificaciones autoritarias que quiere imponer Mieres, con la connivencia de las administraciones y políticos leoneses, según entienden en Babia. «Nos abocan a pleitear, nos reducen derechos históricos, por lo que pelearemos sin descanso, como hemos hecho en los últimos cinco o seis años», avisa Carlos González Antón, representante jurídico de los productores de ganado de Babia damnificados en este conflicto territorial. Sin duda, el paradigma de los pulsos de lindero que cada verano eclosionan a lo largo de la columna vertebral de la cordillera cantábrica.
En la pasividad institucional que pone de manifiesto Babia se expone una excepción. La del Procurador del Común, que según informó el asesor legal de las juntas vecinales babianas, investiga a cerca de una denuncia sobre las irregularidades que las actuaciones de Mieres en la zona en actividades que bordean la legalidad o están fuera de ella. «Se trata de la primera institución autonómica que realmente estudia el conflicto originado en torno a la titularidad de unos terrenos, esenciales para el desarrollo sostenible de la zona, y que ha nacido de la gestión de un paraje en unos montes leoneses por parte de un municipio asturiano. «En este sentido, reiteramos la doctrina del Tribunal Supremo en este asunto, que es clara al considerar ajenas a las competencias de un municipio gestionar territorio fuera de su propia demarcación. Y a la vez desplazan a los ganaderos leoneses en un perjuicio para esta zona de Babia», explica González Antón.
El pulso de este año tomó tensión una vez que desde Mieres se completó la llegada de la cabaña ganadera.
La sobre explotación de la finca del puerto leonés es un hecho incuestionable. Llegan 1.500 cabezas desde el concejo de Mieres, 200 más que en el anterior verano; y el reglamento para el uso, gobierno y disfrute de la finca, se establece un máximo de 600 unidades.
Jubilados contra activos.
Babia expone una circunstancia más en el pleito que le mueve ante el avance gestor de Mieres. «La mayoría de esas reses son de jubilados asturianos, que desplazan a la ganadería leonesa, de activos que tienen en el ganado su fuente de vida».